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Jubilaciones: La Necesidad del Reajuste de Haberes

Previsionalistas, legisladores y organizaciones de jubilados pidieron un reajuste de jubilaciones, cuestionaron el avance del sistema previsional y advirtieron que la seguridad social “carece de fondos” por las medidas fiscales del gobierno.

La Cámara de Diputados analizó la situación del sistema de jubilación a través de audiencias públicas. Se criticó el «aplanamiento» de los beneficios, el avance de la «coordinación» de las cajas jubilatorias de Córdoba y Entre Ríos y la reducción de los aportes patronales por emergencias.

Romina del Plá, representante del Frente de Izquierda, cuestionó el aumento del decreto emitido por la administración en marzo, junio y septiembre, que fue superior a la inflación pero inferior a la fórmula de liquidez suspendidad por la Ley de Solidaridad a fines de 2019.

«Nos preocupan la situación jubilatoria, sobre todo por la suspensión de la movilidad, lo que eventualmente conducirá a una reducción de jubilaciones.

Con el paso del tiempo se acaba el monto fijo y se priva del haber mínimo de $ 18 mil, que es mucho menor que la canasta de jubilados», afirmó.

Según la defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad, una persona mayor necesita al menos $ 45,000 para satisfacer sus necesidades básicas.

Esta canasta está compuesta por alimentos, productos de higiene y limpieza, medicamentos, impuestos y servicios, gastos de transporte, vestimenta, alojamiento y entretenimiento.

En la audiencia, Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad de Buenos Aires, se preocupó por los ancianos que ocupan los geriátricos.

Según estimaciones, las muertes de ancianos de la ciudad representaron el 24% del total de muertes y en la provincia de Buenos Aires, esta cifra alcanzará el 40%.

Al discutir una nueva fórmula de movilidad en el Congreso, Semino advirtió que debido a los continuos cambios desde 2017, “se han perdido 37 puntos” y garantizó que “la movilidad no vale nada cuando se alcanza la tasa mínima o promedio de jubilación».

Dijo: “Si no comenzamos con la reorganización del haber, se desobedece a la Constitución, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos firmada por el país”.

Señaló que el aumento del 7,5% en septiembre, que llevó al salario mínimo a $ 18.129 equivale a “$42 diarios.».

Por otro lado, la abogada previsionalista Andrea Falcone vinculó el “grave desequilibrio” en los recursos de la seguridad social con el trabajo informal.

Explicó: «Hay 3 millones de jubilados con moratoria, pero muchos tienen 11 años de cotización, y si sumamos el 40% del trabajo en negro, serían 20 o 30 años de cotización». «Si cuatro de cada diez trabajadores no están registrados, afectará la recaudación. El Estado no puede decir que no controló el trabajo en negro.

Lo que hay que abordar es el registro laboral y trabajar para solucionar estas medidas de suspensión», aseguró.

Nicolás Del Caño, el representante del Frente de Izquierda, cuestionó a su turno los aumentos diferenciados por escala que decretó el Ejecutivo y señaló que “ se planteó que jubilados de $30.000 tenían que ser solidarios y se ahorraron $35.000 millones con este ajuste».

Entre las medidas de intervención, los cambios previsionales en curso se vincularon con las renegociaciones de deuda con el Fondo Monetario Internacional, anunciándose el 23 de septiembre un llamado a la movilización, exigiendo aumentos urgentes en los fondos de movilización para defender la jubilación y la restitución de las cotizaciones patronales.

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